En el colmo de su intrepidez, la corrupción apela arrogándose gran autoridad, a defender sus fueros como parte sustancial de la legalidad, y aún con mayor descaro, a usurpar las bondades de la democracia como su ropaje.

Y causa desazón y desconcierto asistir a la impúdica defensa de sus actividades por parte de connotados jueces, fiscales, politólogos, constitucionalistas y un impresionante número de gente que, o es profesional del Derecho o es muy cercana al mismo por razón de su oficio. En este enfoque del análisis, puede asumirse que más del 90% de la razón de esta postura se debe a la comodidad que les brinda el status quo para las facilidades de su trabajo, que han sembrado a través de mucho tiempo de concientización de la sociedad y prácticas nada santas ya incorporadas a su tarea diaria.

Es por ello y por las ventajas que han llegado a obtener y que obtienen de las prácticas corruptas, que defienden y defenderán con uñas y garras  el discurso de la inconstitucionalidad de acciones que respondiendo al justo peso de la razón y la justicia, no aparezcan en la Carta Magna con pelos y señales como si la Constitución del Estado fuera un simple vademécum. en cuyo caso no sería necesario ya la presencia de fiscales, jueces ni abogados defensores para impartir justicia, sino una simple oficina de consulta de casos a ser resuelta por todas las indicaciones que dicho vademécum señalaría.

Y no es así. El criterio de los que intervienen en el acto judicial no tiene sustituto. Su permanencia se basa justamente en la imprevisibilidad que puede presentar en un momento dado, donde se hará perentoria la capacidad, inteligencia y persuación de los agentes que intervienen en dicho acto, dado que en ciertas circunstancias, que serán las especiales  y las muy especiales, tendrán que dirimir en el delicadísimo campo de la interpretación, lo que viene a ser algo así como la llave del conocimiento humano para convencer y satisfacer sobre algunos aspectos del tema en juicio que no están suficientemente clarificados en la letra de la ley, pero que pueden deducirse del espíritu de la misma.

En todo caso siempre quedará el recurso de la apelación al Tribunal Constitucional, que contrariamente a lo que alega el congresista Mulder que defiende la capacidad de la interpretación (¿La famosa "interpretación auténtica"?) como potestad exclusiva del Congreso, una especie de oráculo superior casi lector de la decisión divina como el único dirimente válido para este tema, dicho tribunal superior si puede sentar jurisprudencia en los casos que lo ameriten.

Por todo lo anterior es que la razón no puede aceptar la falacia de que si la letra no señala en la ley el detalle mínimo de la aplicación, el resultado judicial no puede salirse de dicho marco aunque todo indique que la reina y señora que campea en la sentencia no es otra que la aliada poderosa de la corrupción. Es decir, la lectura de la ley es la misma en el estado más pulcro y decente del mundo, que en la más asquerosa de las corruptelas trepada en un estado completamente infectado por la inmoralidad, la deshonestidad, el descaro y todo el lodo de cloaca que pueda cargar sobre sus hombros y su imagen.

Parafraseando el famoso preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica ("Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos....") podríamos aplicarlo sin ningún rubor ni peso de culpa a nuestro proceso judicial actualmente herido, para hacer una proclama con vigor de enérgico llamamiento a la toma de conciencia que nuestra sociedad necesita para enrrumbar su camino en el ámbito judicial.

El veredicto final es que la corrupción como un cáncer va extendiéndose firme e impunemente en un estado que se ve impotente de frenarla porque ella se alimenta de las mismas armas que la ley, amañada o no, le provee. Es decir, el estado copado por Al Capone tiene todas las prerrogativas para facilitarle el reinado a la corrupción, siempre bajo el falaz rótulo de no atentar contra la legalidad y la democracia.

En este punto del camino nos encontramos. Y aunque no les guste reconocerlo a los legalistas interesados, ellos terminan siendo los principales propulsores de una revolución como el único camino posible para eliminar de cuajo la corrupción. Es la mayor falacia que la corrupción se puede combatir con las bondades del sistema democrático, peor aún cuando democrático signifique inactivo, conservador, inocuo para la corrupción.

No en vano se conoce la máxima de cortar el nudo gordiano.